El primer texto legislativo sobre mediación de la Unión Europea fue promulgado el 21 de enero de 1998 por el Consejo de Europa. En 2017, el Parlamento Europeo reiteró la necesidad de que los estados miembros fomenten el recurso a la mediación.
En España, la mediación es legal desde 2012, pero aún tiene mucho recorrido para poner en valor su capacidad de aliviar la carga en los juzgados, agilizar la solución de conflictos a particulares y empresas y potenciar la cultura de la negociación. Por eso, el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal, cuya aprobación está prevista para 2022, está llamada a ser una especie de espaldarazo para su implantación real.
El Anteproyecto contempla la necesidad de intentar una negociación antes de presentar la demanda en asuntos civiles (por ejemplo, una demanda de divorcio) y mercantiles (una reclamación de patente, entre otros). La mediación es uno de los mejores métodos para llevar a cabo esa negociación con éxito, y evitar, así, el inicio de un procedimiento judicial.
David Fernández, mediador del despacho Pactio Mediación, considera que la Ley ha de tener muy en cuenta que los mediadores son personas privadas, que no pertenecen a la Administración de Justicia ni a la Administración Pública. En su opinión, “se debería contemplar la mediación dentro de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para que las personas con pocos recursos económicos también puedan acceder a la mediación”.
Fernández también apunta a la necesidad de “crear un sistema similar al de los abogados del turno de oficio para que las mediaciones se puedan repartir entre los mediadores de un territorio de forma equitativa”. El Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia español podría convertirse también en un mecanismo ágil y práctico a través del cual distribuir casos de mediación entre los profesionales acreditados.
La saturación de los juzgados era ya una realidad antes de la pandemia de COVID19, que sólo ha aumentado en estos dos años. Según el Consejo General del Poder Judicial, la tasa de congestión del total de jurisdicciones era de 1,60 en 2020, frente a 1,46 en 2019.
La mediación ofrece varias ventajas que pueden aliviar esta situación. Por ejemplo, permite ahorrar tiempo y dinero, tanto a los interesados como a la Administración de Justicia, y los acuerdos que se alcanzan son legales y de obligado cumplimiento. Además, recurrir a la mediación no supone la renuncia a ningún derecho y se puede solicitar incluso si el procedimiento judicial ya se ha iniciado.
La intervención de los mediadores, que guían todo el proceso de una forma neutral e imparcial, contribuye a rebajar la agresividad que a veces acompaña a las desavenencias, lo que contribuye a desarrollar la Cultura de la Paz.
FUENTE: PACTIO MEDIACIÓN
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