Antes de hacer cumplir una conciliación pactada por los padres sobre el régimen de visita de su hija, los tribunales tuvieron en consideración los hechos de violencia en la pareja.

En el caso examinado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión del Tribunal de Bogotá por  no dejar pasar por inadvertidos los hechos de violencia intrafamiliar en la pareja, antes de exigir el cumplimiento de una conciliación pactada anteriormente por la pareja sobre el régimen de visitas de su hija.

La pareja de esposos había acordado, previamente en audiencia de conciliación, dejar la custodia y cuidado personal de su hija en cabeza de la madre y un régimen de visitas en el que la madre de la niña debía viajar en vacaciones con su hija a la ciudad de Córdoba-España, sitio donde vivía el progenitor.

A pesar de remitirle los pasajes, la esposa se negó a cumplir con la conciliación pactada y a viajar con la hija de ambos a España. Por ello, el padre interpuso queja buscando el cumplimiento de la conciliación.

En una primera instancia el juez admitió el plan de visitas, bajo la condición de presentación ante el ICBF de una certificación profesional en psicología, oficial o escogido por autoridad central de España sobre procesos terapéuticos”, a los que debía someterse el progenitor “en aspectos específicos de la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, solución pacífica de conflictos y pautas adecuadas de crianza”.

La decisión del juzgado fue rápidamente apelada por la madre y en segunda instancia el Tribunal fue más allá y estableció que las visitas pactadas ya no se hicieran en España sino en Colombia, sin consentir la salida del país de la niña para ese efecto.

Ante tal decisión, el padre interpuso una acción de tutela ente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. La Sala Civil negó la tutela, y destacó el hecho de que el Tribunal fallara con perspectiva de género, al considerar la medida de protección solicitada por la madre con anterioridad por violencia intrafamiliar. En ella la Comisaría de Familia conminaba al padre para que se abstuviera de realizar cualquier acto que atentara contra la integridad verbal y emocional de la accionante y en presencia de su hija. 

La Corte elogió también que el Tribunal tuviera en cuenta en su decisión, las conversaciones peritadas donde se evidenció “su interés en fijar la residencia de la niña en España tan pronto como viajara, así como en impedir su retorno al hogar materno”.

La Corte resaltó la evaluación de los audios del padre por parte del juez de segunda instancia, de donde extrajo “se trata de una persona que ejerce violencia de género y asume una actitud peyorativa hacia la mujer propia de una persona que adopta una postura machista, controladora y posesiva, reprochable en el contexto de los derechos humanos y en instrumentos internacionales sobre la violencia de género”.

A través de esta tutela la Corte recordó una vez más que “censura todo tipo de violencia y reivindica los derechos de la mujer, de los niños y de las personas de la tercera edad, de quienes presentan discapacidad absoluta y, en general, de las víctimas de maltrato intrafamiliar y de todos los otros tipos de violencia”.

Si bien la corte sostiene que el escenario judicial debería surgir como último recurso para lograr la igualdad desconocida de las mujeres, pues lo ideal sería contar con políticas estatales adecuadas, reafirmó el rol de la educación y la función de los medios de comunicación.

Finalmente, el máximo tribunal se pronunció en este sentido: “Esta Corte, censura la violencia de género porque además de suscitar graves secuelas en la dignidad de quienes son discriminadas, ha llevado a erigir patrones de violencia despiadada no solo contra las mujeres, sino respecto de las niñas y transexuales, llegando hasta su esclavismo, explotación sexual y femicidio, entre otros delitos, y conductas inaceptables.”

 

Fuente: Corte Suprema de Justicia Colombia

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