Tras el Consejo de Ministros que se celebró en el día de ayer, los economistas muestran su gran desilusión y desacuerdo por la poca contundencia de las medidas económicas que se han anunciado, en relación a la petición que se llevó a cabo de ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas. 

Según palabras del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “los acuerdos del Consejo de Ministros pueden interpretarse como una falta de sensibilidad del Ejecutivo con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia, facilitándoles liquidez con algo tan sencillo como ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que podría parecer que están dejando en una situación de desamparo”.

1.- Desde el Consejo General de Economistas somos conscientes de que la prioridad es todo lo relacionado con la salud de nuestros ciudadanos, de los que han enfermado y de los que podemos hacerlo.

2.- No obstante, desde el Consejo General de Economistas, corporación en la que se encuadran profesionales que están muy cerca de la empresa en el asesoramiento financiero, mercantil, laboral, concursal o fiscal, comprobamos estos días la preocupación y el pesimismo que estos nos transmiten, no solo por ellos sino, sobre todo, por los problemas que se agolpan alrededor de ese tejido empresarial. En unos casos, se ha producido el cierre de sus negocios, en otros es difícil o imposible cobrar las facturas y realizar ventas, y todos advierten un futuro dificilísimo, incluso después de que la pesadilla del Covid-19 cese.

3.- Por eso, aun reconociendo algunas medidas de alivio (como la flexibilización de ERTEs, las relacionadas con las cuotas de autónomos, las facilidades para aplazar autoliquidaciones tributarias de las pymes que resulten a ingresar o la ampliación de determinados plazos tributarios), ha sido un clamor –del que desde el Consejo General de Economistas hemos sido partícipes, actuando, a su vez, como portavoces y altavoces de esta justa demanda– la petición de que se ampliaran los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilizaran los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes –aunque hubiera que analizarlos caso a caso– y que se modificaran los plazos del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades, en el primer caso por comenzar el plazo de declaración en medio de esta vorágine y, en el segundo, por el desplazamiento que se ha producido en los plazos mercantiles.

4.- Así mismo, con objeto de atender debidamente también a aquellas empresas que, pese a verse afectadas por los efectos del coronavirus, siguen manteniendo un razonable nivel de actividad y el empleo de sus trabajadores, hemos  solicitado en numerosas ocasiones que se les exonere temporalmente del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, ya que, de no hacerse así, se estarían dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios.

5.- A este respecto, desde el Consejo General de Economistas nos permitimos  recordar unas recientes declaraciones de su presidente, Valentín Pich, quien afirmaba que en nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril.

6.- Dicho esto, según palabras del presidente del Consejo General de economistas, Valentín Pich, “la comparecencia de hoy de la ministra portavoz, que, a su vez, lo es del Ministerio de Hacienda, ha sido para nosotros un `jarro de agua fría´ y parece indicar falta de sensibilidad del Ministerio con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia facilitándoles algo de liquidez con una sencilla ampliación de plazos de las autoliquidaciones tributarias; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que parecen estar dejando en una situación de desamparo”.   

7.- No obstante, una vez se publiquen en el BOE las nuevas medidas, los Servicios de Estudios del Consejo General de Economistas analizarán con detalle el alcance global de las mismas, sus ventajas y, en su caso, sus omisiones, así como si van, o no, bien enfocadas para fomentar la actividad económica, facilitar el trabajo de los profesionales, y mantener el ciclo financiero de familias y empresas.

8.- Desde el Consejo General de Economistas aseguramos que seguiremos intentando que nuestras justas y ponderadas peticiones sean oídas y atendidas, sin ponernos nerviosos, sin sobreactuar, pero con firmeza, hasta conseguir lo que estamos seguros que es mejor para la sociedad y para la economía española.

9.- Obviamente, estaremos también pendientes de las medidas que vayan tomando las instituciones europeas, que, sin duda, serán decisivas en las próximas actuaciones del Gobierno de España.

El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 47 Colegios existentes.


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Fuente: Diario Jurídico