Se asume que el Derecho es el sistema del que se dota a la especie humana a la hora de establecer y regular sus relaciones dentro del ámbito de la sociedad a la que pertenece. Como esas relaciones son cambiantes con el tiempo es habitual que el Derecho tenga que irse acomodando a esos cambios o a nuevas relaciones, estructuras, usos o costumbres. Esta es la premisa que se cumple al 100% en relación con la legislación sobre las criptomonedas.

La cada vez mayor implantación en el uso de este nuevo sistema de pago está obligando a adaptar las normas legales para regular su uso, máxime cuando la propia esencia de las criptomonedas es que no existe un ente centralizador que controle su creación, su valor, su distribución, etc. La legislación que regula todo lo relacionado con las criptomonedas es todavía muy básica, pero se prevé, que con el imparable aumento de su uso, se vayan incorporando cada vez más normativas en todos los aspectos.

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Las características de las criptomonedas

Debemos de partir de la base de que hay multitud de criptomonedas en la actualidad, por analogía podríamos identificar el mercado de las criptomonedas con el de divisas, donde hay diferentes variedades de monedas que fluctúan en su valor continuamente, las criptomonedas más conocidas son los bitcoins, los Ethereum o los Ripple.

Las criptomonedas en sí son sistemas digitales que se crean mediante complejos algoritmos y que no dependen de un ente gubernamental que las emita o respalde, pero son autenticadas mediante determinados procesos de verificación y cada transacción se registra en un “libro digital” de contabilidad protegido por un sistema criptográfico. Este sistema (blockchain o cadena de bloques) es el que puede garantizar la fiabilidad del sistema y permite que no haya una figura que ejerza como centralizador.

Ámbitos a legislar

El uso de las criptomonedas y su correspondiente regulación implica diferentes ámbitos: la minería, proceso a través del cual se generan las criptomonedas; el uso de las mismas como medio de pago y, por ultimo la operativa en criptomonedas como bienes de inversión. Cada uno de ellos tiene sus propias características y por tanto las diferentes normativas a implantar y aplicar deben estar condicionadas a los factores particulares de estos tres escenarios.

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta el Derecho aplicable a este entorno es el de cómo garantizar la seguridad de los fondos y respaldar de alguna manera que, por un lado, el elemento tecnológico tenga un standard de fiablidad y, por otro, de seguridad, a la hora de evitar o sancionar los posibles “robos” o ataques a plataformas de gestión de criptomonedas.

Otra cuestión, y que parece que actualmente es la principal prioridad, es la de evitar el uso de este nuevo sistema para el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Debido a las características y al escaso control actual sobre el mismo se dan las condiciones propicias para su utilización en estos ámbitos, lo que, sin necesidad de criminalizar el uso de estos sistemas, sí parece necesaria la creación de una normativa que pueda impedir (o por lo menos minimizar) las aplicaciones para actividades ilícitas.

Normas actuales

Cada país ha venido afrontando la imposición de normas que regulen el uso de las criptomonedas de manera independiente, de tal manera que ya hay Gobiernos que impiden y sancionan las actividades realizadas mediante estos sistemas y, por otro lado, otros no solo las permiten sino que ya están preparados para emitir su propia criptomoneda. En el punto medio podemos ver como el Gobierno americano ya está dando pasos para adaptar su marco normativo en esta materia y la propia Unión Europea y sus países miembros avanzan en el mismo camino, reconociendo la realidad de su uso y la necesidad de control legal. Por otro lado ya se han implantado algunos mercados de futuros sobre Bitcoins, por lo que éstos cotizan como cualquier otro valor en mercados financieros regulados.

Dentro del ámbito legal de la UE, ya en 2014 la EBA (Autoridad Bancaria Europea) dio a conocer una serie de recomendaciones y la Comisión Europea ha publicado una propuesta de Directiva destinada a aplicar los protocolos contra el lavado de dinero a los servicios de cambio de moneda virtual y a los monederos electrónicos, han de ser ahora los Estados miembros los que adapten sus leyes al dictamen de la Unión.

En España no se ha avanzado todavía en esta legislación, si bien se han dado a conocer comunicados de la CNMV y de la Agencia Tributaria mostrando su interés en establecer un marco normativo y en controlar las actividades y operaciones con las criptomonedas, pero no hay nada específico todavía desde el punto de vista normativo. Eso sí, lo que ya se ha llevado a cabo y se ha admitido sin ningún tipo de problemas es la creación de sociedades mercantiles con aportaciones de bitcoins al capital social.

Obligaciones fiscales

Lo que sí está claro, al menos por ahora, es el tratamiento fiscal que la Hacienda española establece para las actividades relacionadas con las criptomonedas. Así, una consulta vinculante publicada por la Dirección General de Tributos detalla cómo han de declarase las operaciones realizadas, considerando en todo momento todas esas transacciones como operaciones financieras, siguiendo así la pauta establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Desde el punto de vista fiscal, la actividad de minería se ha de declarar como ingreso de una actividad económica, la correspondiente a otros servicios financieros (epígrafe 831.9 del IAE), esta actividad estará exenta de IVA.

En cuanto a los inversores, los beneficios y pérdidas obtenidos en las operaciones de compra y venta de estos activos tributarán como ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF y se deben utilizar los mismos criterios de valoración que en el caso de las operaciones con acciones.

Veremos muchos movimientos y novedades legislativas en poco tiempo. Lo que parece imparable es la expansión de este tipo de “monedas”  y su cada vez mayor uso en todo tipo de transacciones. El Derecho, por tanto, deberá empezar a entrar en acción, una vez que la normalidad del uso de las criptomonedas obligue a crear un entorno de seguridad jurídica para todos


responsabilidad administradores -diario juridico-Autor: Miguel Rodriguez

Asesor de empresas y director del área legal de Rodriguez Buján Asesores S.L. Puedes seguir sus publicaciones en Twitter como @misterempresa

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Fuente: Diario Jurídico