Injustice is preferable to total ruin.
Garret Hardin
Autor: Jesús Manuel Villegas Fernández. Magistrado y Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial
Transcurridos ya cuarenta años desde nuestras primeras elecciones democráticas no deja de sorprender el descrédito de los partidos políticos. Muchos los ven como predadores sociales, más preocupados por su propia perpetuación que por la búsqueda del bien común.
Acaso sea el ámbito de la Justicia donde se haya percibido con especial intensidad tal visión peyorativa. Derecha e izquierda políticas han exhibido igual apetito por devorar porciones cada vez más suculentas del Poder Judicial, ya sea colonizando el gobierno de la magistratura o colocando a sus afines en los puestos de mayor influencia.
Curiosamente, más que feroces lobos perseguidores de presas, les cuadra a ciertos políticos una imagen menos heroica: vacas obesas que pastan sumisamente en un prado. Al menos esa era la figura de la que se sirvió el biológo Garret Hardin en un artículo que, aparecido en el año 1968 en la revista Science, se ha convertido en un clásico: “La tragedia de comunes”. Su tesis era bien simple: atender exclusivamente al interés particular conduce a la autodestrucción. Echaba mano de un experimento mental, casi una parábola. Si los ganaderos de una comarca llevan sus animales a apacentarse sin medida ni tasa a la zona comunal del municipio, al final acabarán por agotarla. Su inquietud era la superpoblación y la contaminación.
El autor, en tono pesimista, insistía en la inutilidad de apelar a la conciencia de los responsables públicos. Bien claro lo tenía, no se corregirían motu propio, sino que es menester valerse de la coerción legal para enmendar la deriva catastrófica. Lo malo es que son los mismos políticos quienes hacen las leyes. Quis custodiat ipsos custodios?
Quedamos, pues, atascados en un punto muerto; ante lo que el mismo Hardin calificaba como “dilema sin solución técnica”.Ese es nuestro reto, modificar la conducta de la clase política empecinada en una actitud suicida. Y es que, en su afán por controlar la Justicia, están minando las bases de su propio poder. Bien está eso de colocar a sus partidarios en los altos cargos judiciales siempre que sean de la misma cuerda. Pero, ¿qué ocurre cuando mudan las tornas y desde el gobierno se pasa a la oposición? Exactamente el efecto contrario al pretendido. Fortuna velut luna….
Existe, con todo, una solución. Es la propuesta que el filósofo John Rawls denomina “posición originaria”. Consiste en establecer las reglas del juego a priori, haciendo borrón y cuenta nueva, sin saber de antemano quién será beneficiado o perjudicado; o sea, aplicando un “velo de ignorancia”. No es difícil trasladar estos principios a la España actual. Si esos partidos tan denostados fuesen capaces de pactar de antemano un sistema que no favoreciese a ninguno de ellos, a la larga, ganarían todos. Pero, ¿cómo?
Formulando un mínimo común denominador que supere las diferencias partidistas. Buen ejemplo es el “pentálogo”, iniciativa de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación compuesta por jueces, abogados, catedráticos y otros juristas comprometidos con la despolitización de nuestra Justicia. Son cinco sus mandamientos rawlosianos:
1) Sistema mixto de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial entre la judicatura y el parlamento conforme al artículo 122 de la Constitución y supresión de la designación autonómica de magitrados en los Tribunales Superiores de Justicia. Democratización de la carrera judicial mediante el principio: “un juez, un voto”.
2) Garantía de la separación de poderes mediante la reducción o supresión de los aforamientos e indultos gubernativos.
3) Fin de la actual discrecionalidad en la designación de cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial mediante una regulación objetiva de los nombramientos.
4) Eliminación de las puertas giratorias entre Justicia y Política: mediante reformas legislativas que eviten el retorno inmediato a la jurisdicción tras el ejercicio de cargos políticos o los injustos agravios en la antigüedad escalafonal.
5) Investigación criminal: dirigida por autoridad imparcial, independiente, inamovible y desligada por completo de cualquier contacto, directo o indirecto, con el Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otra influencia política.
He aquí un punto de partida para el consenso. Nótese, es importante, que no se trata de confiar en la conciencia moral de la oligarquía política, pues sería de una ingenuidad infantil. El citado ensayo lo demuestra con lógica implacable. Antes bien, el objetivo es atinar con una “solución técnica”, concepto éste que para Hardin no implicaba cambio en valores o moralidad, sino únicamente el hallazgo de un procedimiento eficaz. Entonces, ¿quién le pondrá el cascabel al gato? Toca a la sociedad civil enseñar a los políticos que su ánimo tramposo se traducirá, tarde o temprano, en pérdida de votos, además de la permanente inseguridad jurídica. Simplemente, que comprendan que no les conviene marcar las cartas, ya que desconocen con antelación a quién serán repartidas. No tenemos porque pagar el precio de la injusticia para evitar la ruina del Estado democrático.
Autor: Jesús Manuel Villegas Fernández
Jesús Manuel Villegas Fernández, nacido en 1969, ingresó en la carrera judicial por oposición libre en el año 1999 y, tras ejercer varios destinos (entre los que se ha encontrado el decanato de Guadalajara), está ahora destinado en un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. Es autor de diversas publicaciones, artículos jurídicos y libros, el último titulado “El Poder Amordazado”.Edit. Península; también, “Fiscal Investigador contra Juez Instructor” (Editorial Marcial Pons). Además, se ha dedicado a la cooperación internacional y, en dicho concepto, es miembro de la Red Judicial española (REJUE) y ha participado en varias misiones en el extranjero, sobre todo en Europa Oriental. Asimismo, es Secretario General de la asociación “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” y director de la revista digital Tempus Octobris, actividades éstas últimas emprendidas para promover la despolitización de las Justicia española.
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Fuente: Diario Jurídico
