En la primera parte del artículo indicaba que con la desaparición del dinero en efectivo, todo parecían grandes ventajas, y de hecho lo son, pero quizás merezca la pena detenerse a pensar si realmente queremos una economía sin dinero, y antes de que sea una realidad, pues aunque ya se lleva intentando mucho tiempo, es en los momentos actuales cuando se contaría con los medios tecnológicos para su implantación. Una vez que frotemos la lámpara y liberemos al genio tecnológico, no será fácil dar marcha atrás. (Fin Parte I)
La experiencia obtenida de la limitación del papel moneda en la India, parece ser que hasta ahora ha sido bastante negativa, desfavorecedora y perjudicial para determinadas capas de la población, que se han visto obligadas a volver al trueque, e incluso a crear monedas alternativas para poder garantizar la supervivencia.
Si tú me vendes algo y yo pago en metálico, interactuaremos mediante la manufactura de una operación directa en la que nadie más que nosotros saldrá beneficiado (nosotros y Hacienda, a la que no se pretende dejar de lado en este análisis). Con una operación electrónica, alguien tendrá que administrarla, y ahí pueden comenzar los costes y los posibles inconvenientes. Lo que parece beneficioso para los gobiernos, podría no serlo tanto para los ciudadanos.
El dinero en metálico confiere poder al que lo utiliza. Le permite comprar, vender y custodiar sus ahorros sin dependencias. En principio, simplificando, y aunque cada vez es más difícil, si esa persona así lo quisiera, podría mantenerse en cierta forma fuera del sistema financiero. Deberíamos tener, que ya no siempre lo tenemos, el derecho a hacer lo que deseáramos con nuestro dinero ganado honradamente. Si desaparece nuestro derecho a retirar discrecionalmente los fondos de nuestras cuentas corrientes, los bancos pasarían a tener un poder casi absoluto, incluso bajo el amparo de este paraguas electrónico podrían cobrarnos legítimamente por nuestros depósitos (intereses negativos).
Por otro lado, el informe de PWC e IE Business School advierte: “El actual statu quo, en el cual los bancos tienen una posición dominante, está amenazado por la aparición de nuevos y potentes competidores (gigantes tecnológicos, operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de móviles, empresas de distribución, start ups …) que están llamando a la puerta, o la han derribado ya”.
Existen diferentes puntos de vista sobre la influencia de la desaparición del dinero sobre la pobreza. Mientras unos autores mantienen que la economía de las clases pobres y de los pequeños negocios se basa en el manejo de efectivo, por lo que la desaparición del metálico previsiblemente aumente la brecha de la pobreza; otras teorías como la expuesta por Kenneth Rogoff, profesor de Economía en la Universidad de Harvard, indican que acabar con el efectivo puede ayudar a reducir la pobreza con un coste muy bajo. Según este experto, si el dinero se extingue se reducirá el crimen y los empleos ilegales o sumergidos, que perjudican principalmente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Si desaparece el papel moneda, gobiernos, bancos, operadores de transacciones, etc. (no todos, ni siempre, con aparentes intenciones benévolas), dispondrán de todo tipo de información, y no solamente económica. Nuestra intimidad y privacidad podría quedar revelada en cualquier momento. La pérdida de algo tan sumamente importante, restaría autonomía a las personas y a las familias, y aumentaría en exceso el control del Estado sobre nuestras vidas.
El Diccionario de la lengua española (DRAE) define la intimidad como la “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia” y la privacidad como “el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”
La intimidad tiene un alcance más restringido: el domicilio, creencias, preferencias sexuales, afinidades políticas, etc. Su protección legal se canaliza a través del los tres primeros párrafos del artículo 18 de la Constitución Española. La privacidad abarca un sentido más amplio y de mayor alcance que la intimidad, que se refiere a aspectos de la persona que de forma aislada pueden no tener excesiva relevancia, pero que tomados en su conjunto arrojan un perfil completo del individuo. A la limitación y reglamentación de su uso da respuesta la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y especialmente al honor, la intimidad y la privacidad personal y familiar. A su vez, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
¿Qué derecho puede tener nadie a invadir nuestra intimidad y privacidad? Que no tengamos nada que ocultar, no ha de suponer que obligatoriamente tengamos que exhibirnos.
Teniendo en cuenta que son los datos, y no otro recurso, los que financian internet, lo que las compañías tecnológicas podrían hacer con toda la información disponible, marcaría la apertura de la senda hacía nuevos y aterradores niveles de vigilancia. Para las tecnológicas los datos son como el oro y la información sobre los pagos, el oro de mayor pureza. Los datos, en ciertas manos, son fácilmente transformables en fuente de riqueza.
Este exceso de transparencia (fetiche del mundo moderno), puede convertirse en origen y fuente de otras nada atractivas desventajas: extorsiones, secuestros, hacking, persecuciones políticas, desigualdad, tasas de interés negativas, mayor gasto y menor ahorro…
El anonimato es una buena forma de proteger nuestras libertades individuales, por lo que yo, definitivamente, me cobijo bajo la necesaria sombra del dinero, y si al principio estaba predispuesto a escribir Genaro con “G”, tras esta reflexión, lo vuelvo a escribir con “J”. Habrá que buscar otras fórmulas, que las hay, para la lucha contra el fraude, blanqueo, etc., pues existen cuestiones, como la intimidad y la privacidad que son absolutamente esenciales y ponerlas arbitrariamente en juego no es cuestionable ni negociable.
Sobre el autor
Joaquín Concejo Fernández
Presidente de la AECE en Asturias
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Fuente: Diario Jurídico
