El Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones profesionales con representación en la carrera judicial y las tres asociaciones profesionales presentes en la carrera fiscal han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018.

asociaciones judiciales

La cúpula directiva del Ministerio y representantes de esas siete organizaciones mantuvieron el pasado 23 de julio una primera reunión oficial para abordar la plataforma reivindicativa en torno a la cual jueces y fiscales acordaron un calendario de protestas que culminó en la jornada de paro del pasado 22 de mayo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, transmitió a los asistentes su compromiso por conseguir “mejoras retributivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales como forma de dignificar el elevado servicio público que prestan”.

Con ese objetivo, un grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio y de las asociaciones profesionales deberá cerrar una propuesta que resuelva cómo combinar las reivindicaciones salariales de los miembros de ambas carreras con las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018.

De manera paralela, el departamento que dirige Delgado negociará con el Ministerio de Hacienda la convocatoria de una mesa de retribuciones a finales del próximo mes de septiembre para que las nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad puedan llegar a las nóminas de jueces y fiscales este próximo mes de diciembre de 2018.

Consensos parlamentarios

Respecto a otros puntos de la plataforma reivindicativa conjunta de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, la ministra Delgado informaron a los asistentes de que en sus contactos con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han podido constatar que algunas reformas legislativas en marcha o inminentes disponen ya de consenso suficiente para superar el trámite parlamentario.

En ese caso están la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que atañe a las licencias y permisos de jueces y fiscales, así como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar el artículo 324, que fija un límite de seis meses para la instrucción de los procedimientos penales excepto en casos de especial complejidad.

La ministra Delgado explicó a los asistentes que, como ya avanzó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el departamento que dirige impulsará otras reformas legislativas que afectan a alguno de los puntos de la plataforma reivindicativa de jueces y fiscales, como la reforma de la LOPJ para dar mayor transparencia a la elección de los vocales del CGPJ, así como para que este órgano de gobierno de la judicatura recupere el carácter colegiado que perdió con la reforma de 2015.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, el ministerio también pretende incluir factores de transparencia en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, así como impulsar un nuevo reglamento de la carrera fiscal que sustituya al actual, que data de 1969.

Al término del encuentro, el secretario de Estado Manuel Dolz destacó que la reunión “ha servido para desbloquear una situación de incomunicación y abrir vías de diálogo y cooperación entre el Ministerio y las asociaciones para mejorar el servicio público que la Justicia presta a la ciudadanía”.

Junto a la ministra Delgado y el secretario de Estado Dolz, presentaron al Ministerio en la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.

Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura); Raimundo Prado (Asociación de Jueces Francisco de Vitoria); Ignacio González y Diego Gutiérrez (Juezas y Jueces para la Democracia); Concepción Rodríguez y Roberto Esteban (Foro Judicial Independiente); Jesús Alonso y Montserrat García (Asociación de Fiscales); Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales), y Miguel Pallarés y Ana Fernández (Asociación Profesional e  Independiente de Fiscales).

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Fuente: Diario Jurídico