El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Dolores Delgado, ha aprobado el Real Decreto que completa la nueva organización interna del Ministerio de Justicia. Entre las principales novedades, la incorporación de una nueva competencia en materia de promoción y protección de los derechos humanos, uno de los pilares en los que se sustenta el programa del departamento.

derechos humanos

Será la remodelada Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, que encabeza Ana Gallego Torres, la que asuma esta nueva competencia. A sus anteriores atribuciones, este centro directivo incorpora la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito interno exclusivo y propio del Ministerio de Justicia.

Desde esta óptica, el impulso a los derechos humanos también impregnará la participación del ministerio en aquellos proyectos de cooperación al desarrollo que afectan al ámbito de la Justicia y en los que interviene en colaboración con otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, siempre dentro de las líneas marcadas por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.

El Ministerio de Justicia quiere así promover los derechos humanos y asegurar su eficacia mediante la propuesta de medidas que tengan en cuenta los dictámenes de los órganos internacionales competentes.

Modernización de la Justicia

 La finalidad de la reestructuración del departamento es mejorar la coordinación interna en el desarrollo e implantación de sus políticas y objetivos, entre los que ocupa un lugar prioritario avanzar en la modernización y desarrollo tecnológico de la Justicia mediante los mecanismos e instrumentos que se consideren necesarios y previo consenso con las organizaciones profesionales de jueces, fiscales y restantes operadores jurídicos.

Dirigida a la consecución de este objetivo, una de las principales novedades que contiene el Real Decreto es la redistribución y reordenación de las funciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, unidades, ambas, dependientes de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

De la Dirección General de Modernización dependerán, a su vez, la Subdirección General de Programación de la Modernización, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia y la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial. Las funciones de la extinta Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) se desarrollarán por la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes y la Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes.

Memoria Histórica: tres ejes de actuación

De la Subsecretaría de Justicia depende la nueva Dirección General para la Memoria Histórica, en la que se integrarán la Subdirección General de ayuda a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y la División de coordinación administrativa y relaciones institucionales. Las competencias de esta nueva Dirección General se estructuran en torno a tres ejes: un plan de actuación y actividades de localización y exhumación; competencias que recuperan actividades desarrolladas por la anterior oficina de atención a víctimas y, en tercer lugar, tareas de coordinación administrativa y relación con el tejido asociativo.

En relación con la Dirección general de los Registros y el Notariado, el Real Decreto aprobado hoy determina las competencias referidas al impulso de la modernización tecnológica del Registro Civil. En la consecución de este objetivo intervendrá también la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por último, se introducen dos nuevas competencias de la Subdirección General de Política Legislativa, dependiente de la Secretaría General Técnica. La primera de ellas, relativa a la participación en las iniciativas normativas de transposición de Directivas comunitarias de otros ministerios y su seguimiento en coordinación con la Secretaría de Estado de Justicia; y la segunda, la coordinación, solicitud y remisión de informes de la Red de Cooperación Legislativa de Ministerios de Justicia de la UE.

 

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Fuente: Diario Jurídico