En Francia, salvo excepciones, las demandas judiciales por impagos deben presentarse ante el Tribunal del domicilio del deudor.

Si se trata de deudas de carácter comercial, el “Tribunal de Commerce”  (tribunal mercantil) será competente. En cambio, si la deuda es de naturaleza civil, el acreedor deberá recurrir al Tribunal de Instancia (para las deudas de hasta 10.000 euros) o al Tribunal de Gran Instancia (para las deudas superiores a 10.000 euros).

Existen tres tipos de procedimientos judiciales que permiten el cobro de impagos:

  • La “injonction de payer “
  • El “référé-provision
  • El procedimiento de fondo

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1. La “injonction de payer”

Es el procedimiento judicial más simple de cobro de facturas ya que no se necesita la presencia del deudor y la representación por abogado no es necesaria.

Sin embargo, al tratarse de un procedimiento no contradictorio, está reservado a deudas “indiscutibles” y suele utilizarse únicamente para el cobro de deudas de poco valor (aunque no existe ningún importe máximo fijado por la ley francesa respecto al uso de este procedimiento).

La demanda se efectúa rellenando un formulario, disponible en Internet, que el acreedor deberá presentar al Tribunal acompañado de los documentos acreditativos de la deuda (por ejemplo, factura, requerimiento de pago, reconocimiento de deuda, etc). La presentación de la demanda al Tribunal puede hacerse, si se desea, por correo o incluso por vía electrónica.

El juez examinará si los principales criterios de la validez del crédito están reunidos: certeza (existencia indiscutible), liquidez (importe determinado o determinable) y vencimiento del crédito.  

Si el tribunal aprueba la demanda, el acreedor recibirá una copia certificada conforme de una orden de pago que deberá notificar al deudor a través de un “huissier de justice” (agente judicial) en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de la decisión. Esta notificación hará correr un plazo de un mes durante el cual el deudor podrá impugnar la orden de pago.

Si el deudor no impugna la orden judicial en este plazo, el acreedor recibirá un título ejecutivo que le permitirá el cobro forzoso de la deuda a través del embargo de bienes muebles, cuentas bancarias, etc.

En cambio, si el deudor impugna la orden judicial con motivo, por ejemplo, de una inejecución contractual, la calidad defectuosa de las mercancías, etc., la demanda de pago será de nuevo examinada en el marco de un procedimiento de fondo ordinario, y por consiguiente contradictorio, ante el mismo tribunal que dictó la decisión.

 

 2. El “référé-provision”

Este procedimiento se caracteriza por su rapidez (en promedio, entre 3 semanas y un mes). Sin embargo, contrariamente a la “injonction de payer”, necesita la presencia de las dos partes y, aunque el recurso a un abogado no es obligatorio, se recomienda encarecidamente.

El procedimiento se inicia con la notificación al deudor, por agente judicial, de una convocatoria a una vista ante el tribunal que exponga los argumentos del acreedor, el monto de las demandas y la lista de pruebas.

Aunque el procedimiento es oral, a la práctica, previamente a la vista ante el tribunal, las partes suelen intercambiar sus argumentos por vía de alegaciones escritas.

Como en el procedimiento anterior, el Tribunal verificará que la demanda de pago no es, al menos en apariencia, seriamente cuestionable. Así, el tribunal desestimará la demanda del acreedor, si los fundamentos de la deuda parecen ambiguos, incompletos o sujetos a interpretación con motivo, por ejemplo, de inejecuciones contractuales alegadas por el deudor que parecen probadas o si la existencia de la deuda está sujeta a la validez de un contrato.

Si el tribunal considera que la demanda está suficientemente fundada, condenará al deudor al pago de una “provisión” de la deuda, que podrá incluir, la totalidad o parte de la deuda, los intereses de retraso y las penalidades por mora.

Cabe señalar, sin embargo, que a través de este procedimiento, el acreedor no podrá obtener ningún otro tipo de indemnización, como por ejemplo, daños y perjuicios por resistencia abusiva al pago de las facturas. Efectivamente, el juez del “référé”, se conoce como el juez de la evidencia, por lo que no podrá proceder al examen minucioso de los derechos del acreedor y, por lo tanto, sólo podrá dictar condenas, de importes claramente cuantificados y probados por el acreedor y que no requieran la apreciación del juez.

Las sentencias de “référé-provision” benefician de la ejecución provisional, lo que permite la ejecución forzosa inmediata de la decisión, sin tener que esperar el vencimiento de los plazos de apelación.

Las partes disponen de un plazo de 15 días para apelar la sentencia de “référé-provision”.

Para acabar, la sentencia de “référé-provision”, al considerarse una sentencia provisional, no tiene autoridad de la cosa juzgada. Esto quiere decir que la misma podrá ser reformada en el marco de un procedimiento ordinario.

Así, si el juez considerará que la existencia de la deuda es discutible, el acreedor tendrá la opción, si lo desea, de iniciar un procedimiento de fondo (procedimiento ordinario), en el que se juzgará de nuevo el caso, tras un nuevo examen, esta vez exhaustivo, de los argumentos de las partes.

 

3. El procedimiento “de fondo” o procedimiento ordinario

Este procedimiento es más largo (varios meses, ver incluso, varios años)  que los anteriores. Sin embargo, es el procedimiento que debe privilegiarse si los fundamentos jurídicos del crédito son susceptibles de ser cuestionados de forma suficientemente seria por el deudor.

Por otro lado, a diferencia de la “injonction de payer” y el “référé-provision”, el procedimiento “de fondo” permite al acreedor solicitar el pago de daños y perjuicios.

El carácter escrito u oral del procedimiento dependerá del Tribunal competente. Así, ante el Tribunal comercial o Tribunal de instancia, se tratará de un procedimiento oral en el que la representación por abogado no es obligatoria. Sin embargo, como en el caso anterior, aun no siendo obligatorio en los procedimientos orales, el escrito será preponderante, por lo que se recomienda la representación por abogado. Ante el Tribunal de Gran Instancia, el procedimiento será escrito y las partes deberán obligatoriamente estar representadas por un abogado.

El procedimiento se inicia con la notificación al deudor, por vía de agente judicial, de una citación ante el Tribunal, que presente los argumentos, demandas y lista de pruebas del acreedor.

Tras la clausura de la instrucción del expediente, que puede llevar varios meses ver años (según la complejidad del asunto y e/o la carga de trabajo del tribunal) y durante la cual las partes intercambiarán sus alegaciones y pruebas, el tribunal convocará las partes a una vista oral en la que podrán presentar la síntesis de sus respectivas demandas y argumentos y tras la cual dictará sentencia.

A no ser que la decisión beneficie de la ejecución provisional (solicitada por una de las partes al proceso y otorgada por el tribunal), la ejecución de la sentencia no es inmediata. Primero, es necesario que la parte condenada haya recibido la notificación de la sentencia por vía de agente judicial. Está notificación hará correr los plazos de apelación (1 mes si la parte condenada reside en Francia, 3 meses si la parte condenada reside en el extranjero).

Si los plazos de apelación vencen sin que las partes hayan interpuesto un recurso contra la decisión, el acreedor podrá entonces proceder al cobro forzoso de la condena. Sin embargo, en caso de apelación, la ejecución de la sentencia quedará suspendida hasta la sentencia de apelación.


impagos - diario juridicoAutora: Dolors Cillero Valdelvira

 

Abogada asociada en XSG Avocats (París), especializada en la asesoría legal de Pymes e inversores españoles, en el marco de proyectos de implantación y/o desarrollo comercial en Francia.

 

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Fuente: Diario Jurídico