Los programas migratorios para inversionistas, conocidos como visas doradas, engloban serios riesgos de corrupción, de acuerdo con el informe European getaway: inside the murky world of golden visas, presentado hoy por Transparency International y Global Witness, en el que ha participado TI-España. Tal como señalan estas organizaciones, los riesgos provienen de una insuficiente diligencia debida, de la existencia de conflictos de interés y de un amplio margen de discrecionalidad por parte de los Estados.

El concepto de visas doradas se refiere a las residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país. En los últimos 10 años la Unión Europea ha concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de los programas de las visas doradas.

De acuerdo con el informe, 4 Estados Miembros otorgan pasaportes a través de este programa, mientras que 12 de ellos usan este mecanismo para ofrecer residencias. España, por ejemplo, es uno de los países que más ha otorgado visas doradas —específicamente residencias—, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido: desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares.

Tal como indica el informe, el país ha ganado 976 millones de euros anuales a través de estas visas doradas, otorgadas en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116).

El problema de estas visas es que se convierten en un atractivo para los corruptos: a través de ellas, pueden permitirse estilos de vida lujosos, evitar las sospechas de los bancos —gracias a la seguridad que ofrecen los pasaportes europeos—, y escapar más fácilmente de la justicia en sus países de origen. Además, en el caso específico de España, el otorgamiento de este tipo de visados conlleva el disfrute de unos plazos simplificados de tramitación, lo que supone una diferencia inaceptable para las personas sin medios que se ven abocadas a acudir a la tramitación regular.

En este sentido, el informe indica que las visas doradas comparten tres características asociadas a altos riesgos de corrupción. La primera es el perfil de los solicitantes y las grandes cantidades de dinero que se necesitan para pedirlas. En Chipre, por ejemplo, se requieren hasta 2 millones de euros para obtener la ciudadanía de inversionista; en España, las cifras para conseguir una residencia van de 500.000 euros a 2 millones de euros.

La segunda característica es la falta de integridad operativa en la gobernanza de estos programas. Y la tercera es la ausencia de estándares y prácticas en toda la Unión Europea.

“Estos programas manejados de manera deficiente le permiten a los corruptos trabajar y viajar sin restricciones por toda la Unión Europea, al tiempo que socavan nuestra seguridad colectiva. Es por eso que se deben emprender acciones urgentes en toda la UE. Bruselas debe definir los estándares de estos programas y asegurar que todos los Estados Miembros, que ofrezcan ciudadanía y residencias para inversionistas, se adhieran a ellos”, dice Laure Brillaud, responsable de la Política contra el Lavado de Dinero en Transparency International EU y coautora del informe.

Para Transparency International, el hecho de que un Estado Miembro otorgue residencias y ciudadanías bajo estos programas afecta a toda la UE. Por eso, junto a Global Witness, hace estos llamados a todas las instituciones regionales:

  • Establecer estándares para los programas de visas doradas, entre los que se deben incluir la diligencia debida y la transparencia.
  • Identificar y evaluar de manera regular los riesgos de estos programas para toda la Unión Europea, y hacer las correcciones que resulten necesarias.
  • Trabajar en la ampliación de las reglas antilavado de dinero, para que puedan aplicarse a todos los involucrados en la industria de las visas doradas.
  • Establecer mecanismos para recolectar y coordinar la información sobre las solicitudes, las inversiones y las denegaciones.
  • Iniciar procedimientos legales contra los Estados Miembros cuyos programas de visas doradas puedan menoscabar la seguridad colectiva de los países miembros de la UE.

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Fuente: Diario Jurídico