El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la totalidad de la normativa establecida en la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Por decisión de la mayoría de sus  integrantes (9 de 10 ministros votaron en contra de declarar constitucional la ley) el Tribunal Constitucional de México estableció que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que procuraban normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional.

Incluso, miembros de la Suprema Corte se pronunciaron por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior.

Con esta sentencia la Suprema Corte dio por finalizada la revisión de la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano.

La Ley de Seguridad Interior extendía facultades de las Fuerzas Armadas en México. Es por ello que si bien fue impulsada por el actual gobierno federal, resultó ampliamente criticada por la sociedad civil mexicana al considerar que ponía en riesgo el respeto a los derechos humanos.

Con anterioridad el Ejército ha sido cuestionado por violaciones a los derechos humanos de la población civil.

Con esta resolución la Corte frenó una de las leyes más polémicas del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. El máximo tribunal consideró dotar de más facultades legales, recursos humanos y económicos en las tareas de seguridad pública, ponía en riesgo el respeto a los derechos humanos así como el libre acceso a la información.

La Ley de Seguridad Interior definía que por seguridad interior se debía interpretar “seguridad nacional”, lo que fue objetado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya que, de esta manera, el Ejército podía clasificar información argumentando temas de seguridad nacional.

Nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la ley.

La ley sólo fue sostenida por el ministro Pardo, quien votó a su favor. En su dictamen, aseguraba que la ley no violaba la Constitución siempre y cuando se eliminaran algunos artículos.

Al menos seis ministros concordaron en que la seguridad interior es una función que la Constitución reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Marina, y subrayaron que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, a través de las distintas policías.

La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 pero inmediatamente fue impugnada por la sociedad civil y organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización de Naciones Unidas. Todos ellos advirtieron que la ley permitía una serie de violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extraoficiales.

Fuente: SCJN México

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