El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactado la reforma del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido coloquialmente como llusvalía municipal, con el fin de que la venta a pérdidas de los inmuebles no tribute por este impuesto, siendo su aplicación con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, según el texto de la proposición de ley.
La fecha desde la que se aplicará el nuevo tributo coincide con el día en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se declaraba inconstitucional y anuló parcialmente el pago de la plusvalía municipal en las ventas de viviendas llevadas a pérdidas, al considerar que no se puede imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica y simplemente por “la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

De esta forma, aquellos contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello hayan tributado por la plusvalía municipal, deberían, una vez que entre en vigor esta proposición de ley prevista para el verano, recibir la devolución de dicho tributo, ya que, según la sentencia del TC y la nueva regulación del impuesto, no debieron haberlo pagado.

La sentencia del Constitucional ha obligado al Gobierno, junto con la FEMP por tratarse de un impuesto gestionado y recaudado por los ayuntamientos de los municipios, a modificar el tributo para adaptarlo a las exigencias del alto tribunal, reforma con la que han querido dar una “rápida respuesta” al mandato del Constitucional sin esperar al “completo desarrollo” del proceso de reforma abierta del actual sistema de financiación local.

Así, la reforma que han pactado establece claramente que “no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos, respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno”.

Además, se contempla que deberá ser el sujeto pasivo el que tendrá la obligación de declarar la transmisión no sujeta al impuesto, “así como adoptar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor”. Es decir, será el contribuyente quien tenga que demostrar que vendió el inmueble sin obtener ninguna ganancia patrimonial.

DEMOSTRACIÓN CON LAS ESCRITURAS

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor en una compraventa, el texto indica que como valores reales de transmisión y adquisición del terreno se tomarán los “efectivamente satisfechos” que así consten en los títulos que documenten la transmisión, en este caso, en las escrituras, o bien, en su caso, los comprobados por la administración tributaria.

La reforma del impuesto, que Hacienda prevé que pueda entrar en vigor este verano, también ha modificado el cálculo del tributo en aquellos supuestos en los que sí haya una ganancia patrimonial. En concreto, se han incluido unos nuevos coeficientes según el número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, hasta un máximo de 20.

Estos coeficientes máximos, que variarán desde el 0,09 cuando la venta sea inferior a un año hasta el 0,60 cuando sea igual o superior a 20 años, serán actualizados anualmente mediante una norma con rango legal y podría llevarse a cabo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Una vez entre en vigor la nueva regulación de la plusvalía municipal, los ayuntamientos deberán modificar, en el plazo de tres meses, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el nuevo texto.

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Fuente: Diario Jurídico