La Corte, ante un caso de violencia de género (STC16182-2018), hizó énfasis en el derecho de las mujeres de vivir una vida libre sin violencia.

 

En el caso la Corte recordó que censura todo tipo de violencia y, en general, de las víctimas del maltrato intrafamiliar y de todos los otros tipos de violencia.

La misma, sostuvo que incumbe a los jueces de la República en el Estado constitucional y democrático, actuar con dinamismo y celo dentro del marco del derecho (observando el debido proceso), en pos de sancionar las conductas violentas y de prevenir todo clima de intolerancia.

Por violencia contra la mujer entiende “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (…)”.

Por violencia económica, comprende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política.

La Corte Constitucional ha considerado que históricamente las mujeres, entendidas como grupo social, han sido objeto de discriminación en todas las sociedades y en la mayor parte de los aspectos de la vida: en sus relaciones sociales, económicas, políticas y personales.

Por esto, el ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido y autorizado medidas tendientes a evitar la discriminación por razón de sexo, y ha encontrado en la igualdad, entendida como principio, valor y derecho fundamental, y en la no discriminación, un pilar fundamental para su protección.

Entiende que en ciertos casos, dicha protección reforzada y especial de los derechos de las mujeres, es un fin constitucional cuya satisfacción admite el sacrificio de la cláusula general de igualdad. En ese orden de ideas, la Corte, en sentencia C-408 de 1996, reconoció que:

“(…) Las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos.”

Con todo, la Corte sostiene que la lucha contra la violencia de género no sólo debe suscitarse en los escenarios judiciales. El plano judicial debería surgir como último recurso, pues, lo ideal sería contar con políticas estatales adecuadas y participación activa de la sociedad civil y de la familia.

Indicó el máximo tribunal que la educación cumple un rol fundamental para nutrir de conceptos de dignidad humana e igualdad y reconocer las cargas injustas impuestas históricamente a las mujeres por su condición.

Además de otras estructuras, la Corte manifestó que los medios de comunicación deben igualmente involucrarse, pues los esfuerzos institucionales y familiares no podrían tener éxito si en los contenidos de dichos medios continúa instrumentalizándose a la mujer y sosteniéndose su subordinación al género masculino, a través, entre otras, de un lenguaje excluyente y actitudes “machistas”, pues, se insiste, esas ideas son la base de quienes desconocen y menoscaban los derechos de las mujeres.

Fuente: Corte Suprema de Justicia

 

La entrada Derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia aparece primero en Diario Jurídico.

Fuente: Diario Jurídico