La APIF, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales, presentaron en el turno de ruegos y preguntas del Consejo Fiscal celebrado el día 10 de octubre un escrito solicitando la creación de la figura de Fiscal Delegado Anticorrupción para las provincias de A Coruña y Pontevedra.

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La provincia de A Coruña es la décima más poblada del país, con más de 1’1 millones de habitantes, siendo, a su vez, la quinta del país en población fuera de la capital. Asimismo, tiene tres municipios que superan los setenta mil habitantes: A Coruña, Santiago y Ferrol, mientras que la provincia de Pontevedra es la decimosexta del país, con casi un millón de habitante, con ciudades como Vigo, además de la capital, de casi trescientos mil habitantes.

Consideramos que ambas provincias requieren de manera urgente la creación de la especialidad y, de ser posible, la creación de plaza específica cuando haya ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal.

La ausencia de resultados en la lucha contra la corrupción es patente: no hay presos por causas de corrupción, ni provisionales ni sentenciados; no hay cultura de recuperación de activos procedentes del delito; no hay una relación destacable con la Policía Judicial, porque tienen un gran número de fiscales a los que dirigirse; no hay protocolos claros de actuación o ciertas decisiones podrían ser tomadas como cuestionables (como mandar a fiscales sustitutos a juicio contra personas que habían sido aforadas hasta que se dirigió la investigación contra ellas); se dilapidan recursos porque la formación, muy específica, se disemina entre compañeros que quizás no vayan a tramitar ninguna de esas causas, etc. Por otro lado, se desconoce la existencia de causas abiertas por la Fiscalía Especial, más allá de las relativas a las prejubilaciones millonarias en las Cajas de Ahorros.

La Unión Europea cada vez reclama un mayor esfuerzo a los estados miembro en el sentido de crear unidades más robustas anticorrupción (véase en este sentido la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención de blanqueo de capitales, apartado 44 del Preámbulo). Asimismo, en 2020 va a entrar en funcionamiento la Fiscalía Europea y esto va a conllevar, necesariamente, un deber de coordinación para determinados asuntos que, consideramos, no puede quedar diseminado entre toda una plantilla.

La Inspección fiscal, en su reciente acta de inspección de la provincia de A Coruña, se hace eco de esta demanda y propone también la creación de un delegado para esta provincia. (pág. 27 del acta).

El Consejo Fiscal, por unanimidad, en el turno de ruegos y preguntas, a instancia del consejero D. Álvaro García Ortiz (UPF), que defendió la propuesta conjunta, apoyó esta solicitud.

Queda tan solo determinar cuál de las dos opciones será la definitivamente ejecutada, si la de Fiscal Delegado, que es la que nuestra asociación pretende, para dotarla del máximo de efectividad (acceso a las unidades centrales de Policía Judicial, asunción en exclusiva de asuntos de Anticorrupción o a lo sumo de especialidades conexas como delincuencia económica y/o urbanística y medioambiental, visado del Fiscal Jefe Anticorrupción, etc.), o el sistema de Fiscal autonómico, que la APIF rechaza, por la conexión diaria que suele tener la figura de dicho Fiscal con los altos cargos de las eventuales investigaciones, y el riesgo de que quede en un puesto testimonial y nada ejecutivo.

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Fuente: Diario Jurídico