SCJN determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 5 de noviembre de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el proyecto aportado por el Ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, por el cual se dispone la inconstitucionalidad de apartar a las empleadas domésticas del IMSS.

El mismo declara que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS prescindan al trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual genera una discriminación injusta contra dichas trabajadoras.

Excluir el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de un modo directo y desproporcionado a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas, ya que nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres según el INEGI.

El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente implementado bajo condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno.

Tal regulación impide a las trabajadoras la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales que les permitan encontrarse amparadas contra circunstancias e imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos, tanto así como poder generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.

Atendiendo a estas realidades, es que se concedió el amparo, entre otros aspectos, para hacer del conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y ordenar que dentro de un plazo prudente (primer semestre de 2019), implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Asimismo, se solicita al IMSS que entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales.

El régimen social planteado debe atender las particularidades del trabajo doméstico, como lo es que en algunos casos tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo.

El sistema, además,  debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su generalidad son amas de casa o padres de familia), no pudiendo ser de carácter voluntario, sino obligatorio.

Del mismo modo, se deberá evaluar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT.

La finalidad de los requerimientos consiste en que en un plazo no mayor a un año y medio, a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS se encuentre en posibilidades de proponer al Congreso de la Unión, las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Finalmente, en ese sentido, se pretende que en un plazo no mayor a 3 años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país.

Fuente: SCJN, México

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