Fue desmantelado el Cartel de la evasión del IVA, que logró defraudar al Estado por más de 2,3 billones de pesos.
Tras 17 allanamientos y 8 capturas (en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja) se estableció que una mujer, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales.
Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, permitió desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática.
La defraudación se fue cometiendo mediante la falsificación de facturas y la creación de “empresas fachada” dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios por una cifra de más de 2,3 billones de pesos.
Gracias a la articulación de esfuerzos, se logró la identificación de una organización delictiva dedicada a la comercialización de facturas espurias, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos.
Según la información recopilada por los investigadores, de esta manera los delincuentes, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.
Tras la extensa investigación se logró determinar que Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.
La mujer aprovechó sus conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.
De ese modo habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios, incluso habría adoptado modelos de evasión internacional para desangrar al Estado por más de una década.
Durante la investigación, adelantada en el marco del Plan Choque ‘El que la hace la paga’, Construyendo Seguridad, ordenado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pudo detectar que una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuó maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.
No solo eso, más de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.
Con base en todos los elementos recaudados, un juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal.
Los capturados fueron puestos a disposición del ente acusador, y deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 años de prisión.
Fuente: Presidencia de la República, Colombia
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