Proyecto de Ley busca imponer tres años de cárcel para aquellos que dañen buses o trenes de transporte público.

Así lo propone el proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier y Francisco Chahuán y, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada.

Según los legisladores el daño a los buses o medios de transporte significa que al día siguiente estos no pueden operar con normalidad, lo que afecta directamente a los usuarios.

El gasto de reparación y mantenimiento que las actuaciones antisociales, daños y vandalismo en buses e infraestructura asociada al transporte, es finalmente sufragado por todos los contribuyentes que son los perjudicados directamente.

La afectación de buses y su infraestructura no solo afecta a una industria particular, juega un rol negativo que impacta a gran escala en las sociedades de donde el desarrollo de una parte importante de las actividades cotidianas requiere de desplazamientos.

Con estos fundamentos, el proyecto de ley busca sancionar con mayor gravedad los atentados a los medios de transporte público de pasajeros, particularmente los buses, sus elementos auxiliares o accesorios y los daños a la infraestructura asociada, tales como paraderos, terminales, luminaria, elementos de las vías, cámaras u otras tecnologías, cuya destrucción perjudica la movilidad de las personas.

Así lo explican los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, autores de la moción que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito.

Con esta modificación, se busca sancionar a quienes intervengan en el buen desempeño del transporte con una pena que va desde los 541 días a los 3 años y una multa de $967.060 (20 UTM).

Todo ello si el daño o el atentado, cualquiera fuera su forma y cuantía, se produjere contra un bus o tren prestador de servicio de transporte publico remunerado de pasajeros en circulación o no, o contra la infraestructura asociada al transporte, tales como, refugios, paraderos, cámaras u otros elementos fijos o móviles.

Por otro lado, las personas que pinten o rayen los paraderos se arriesgan a penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de reclusión y a multas de $483.530 (10 UTM).

El texto legal comenzará a ser analizado este miércoles 3 de abril en el seno de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y espera ser “una respuesta jurídica enfática (…)” porque “cualquier problema que afecte su acceso y funcionamiento, impacta negativamente en la población. En efecto, los medios de transporte cumplen un “rol social” pues permiten a las personas la realización de los desplazamientos cotidianos para desarrollar sus actividades diarias laborales, escolares, estudiantiles y sociales”, precisan los autores de la moción.

Fuente: Cámara de Senadores, Chile

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