La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general proyecto que protege a familias víctimas de femicidio.

Con un amplio respaldo fue aprobado en general en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la atención, protección y reparación integral para las familias de víctimas y sobrevivientes de femicidios, ya sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de derechos humanos.

La diputada Karol Cariola (PC) manifestó que “es un proyecto que contribuye a que las instituciones asuman a tiempo y no se cometan injusticias.” En esa línea solicitó el patrocino del Gobierno.

Por su parte, la diputada Consuelo Veloso (RD) agradeció especialmente a quienes “han resistido a la violencia machista ya sea por experiencia propia o de sus cercanos”.

La diputada Flor Weisse (UDI) puso especial énfasis en la regularización de la patria potestad de los hijos e hijas de víctimas de femicidio. “No se puede entender cómo puede seguir un criminal o agresor teniendo la patria potestad de sus hijos” reflexionó.

La comisión comenzará ahora el análisis en particular de la propuesta. En esta etapa se presentarán indicaciones al texto para perfeccionar su contenido.

Previo a la votación, se escuchó la exposición Leonardo Moreno, representante de la Defensoría Penal Pública. En su intervención, valoró los objetivos de la propuesta, sin embargo, planteó algunas observaciones.

En primer lugar, señaló la necesidad de establecer una coordinación con el contenido del proyecto que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres. Propuesta que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado desde enero de 2019.

Posteriormente, advirtió que tal como se encuentra la norma, podría verse afectado el derecho a defensa efectiva. Esto porque se prohíbe la participación de instituciones del Estado en la defensa de agresores. Sin embargo, no quedaría claramente establecido que la Defensoría sí puede cumplir con su rol.

Finamente, también alertó sobre la suspensión de funciones de los funcionarios públicos que tengan el carácter de imputados por femicidio. Esto porque podría considerarse como ser una pena anticipada, por lo que recomiendan perfeccionar la redacción del texto.

La última exposición estuvo a cargo de Paulina Ballesteros, jefa de Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En su intervención compartió algunas preocupaciones de la Defensoría Penal Pública, sobre todo en torno a que se garantice el derecho a un debido proceso.

Además, sugirió la necesidad de considerar una perspectiva de “justicia restaurativa” de los agresores como se aplica en otras legislaciones. Junto a esto, también destacó la importancia de considerar un pronunciamiento sobre los alcances del proyecto por parte de la Defensoría de la Niñez.

Las parlamentarias acogieron esta propuesta y acordaron solicitar por oficio el pronunciamiento del organismo. Finalmente, acordaron solicitar la opinión de la Corte Suprema, a raíz de un requerimiento presentado por la diputada Chiara Barchiesi (PREP).

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Fuente: Diario Jurídico