Los protocolos de actuación frente a la desaparición de personas fueron explicados por Carabineros y miembros de la PDI.

Con la participación los representantes de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros de Chile se llevó a cabo el análisis de la comisión investigadora que se aboca a esta situación y que se encuentra en su segunda jornada de audiencias.

Los representantes de ambas instituciones entregaron importantes cifras sobre esta realidad y  explicaron los procedimientos que se aplican cuando se presentan denuncias por presunta desgracia de una persona. A su vez, desmintieron que para interponer una denuncia se requiera esperar 48 horas.

En su exposición, la comisaria Karen Hernández señaló que la Brigada Ubicación de Personas se creó en 2004, para cumplir las órdenes de presunta desgracia, tema que no está tipificado como delito en el ordenamiento jurídico. Dicho departamento funciona en Santiago y tiene una dotación de 25 persona y recibiendo colaboración de la Brigada de Homicidios de cada región.

La funcionaria explicó que las diligencias se inician, aunque la denuncia haya sido interpuesta igualmente en Carabineros.

En las primeras 12 horas se recurre a familiares, centros hospitalarios e Instituto Médico Legal y, si la persona no se ubica, se recurre al Ministerio Público, que da la orden para investigar.

En cuanto a cifras, dijo que, entre 2010 y 2018, hubo más de 75.000 investigaciones, de las cuales 4.852 se encuentran sin resultado. En el rango etario de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años ha habido en el mismo período 34.304 órdenes de investigar, con un 90% de los casos con resultado.

Entre las dificultades, destacó la ausencia de un fiscal especializado en la presunta desgracia y la existencia, en algunos casos, de más de un rol de búsqueda para una misma persona (por denuncias paralelas).

La comisaria consideró que la desaparición de personas es un fenómeno social en que influyen muchos factores, entre ellos, el estrato en que se dé y en qué territorio.

Entre las herramientas que facilitarían la investigación, Karen Hernández mencionó poder acceder por parte de las compañías de celulares a la última ubicación donde fue utilizado el móvil, el acceso a cámaras para reconstruir en que partes anduvo la persona, que exista un rol único por causa en la fiscalía y, finalmente, una base única de datos, para que no existe duplicidad de información.

Por su parte, el mayor Luis Tehnamm informó que la brigada de encargo de personas se creó en 2003, luego de casos de connotación nacional como el de Alto Hospicio y Matute Johns, que obligaron al Estado a disponer brigadas en cada una de las policías. Actualmente se desempeñan en dicha unidad 15 personas.

Indicó que, como institución, manejan el 94% de las denuncias por presunta desgracia a nivel país, las que pueden ser estampadas en cualquier comisaría o retén de la nación.

Asimismo, informó que entre 2010 y 2018 hubo más de 111.000 encargos de menores, de los cuales poco más de tres mil no tuvieron solución. Además, reconoció la lamentable cifra de 245 casos en que los menores fueron hallados muertos.

Finalmente, Tenhamm  desmintió el mito de que existen 48 horas para denunciar. Ahora opera la denuncia inmediata, ya que “el tiempo es fundamental para poder investigar”, especialmente en el caso de menores, donde las diligencias comienzan al momento de recibir la denuncia, contactando a familiares, hospitales, a Gendarmería y a la PDI.

Fuente: Cámara de Diputados, República de Chile

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