“Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión principal de las Cortes la elaboración y aprobación de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado”.

Estimados compañeros futuros vocales del CGPJ.

Encabezo esta carta con el artículo primero de la Ley de 17 de julio de 1947 que instauraba las Cortes franquistas. Han sido definidas como un “pseudoparlamento”, ya que el poder legislativo permanecía en manos del Caudillo, sin que dicha asamblea sirviese para otra cosa que rubricar lo que ya había sido decidido por los poderes fácticos del régimen.

Imaginábamos que aquellos tiempos eran cosa del pasado, pero leo con incrédulo estupor en prensa que los grandes grupos parlamentarios ya han pergeñado el nombre del futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial: don Manuel Marchena, en la actualidad al frente de la sala segunda del Tribunal Supremo.

¿Es una broma?

Porque, que yo sepa, son los vocales quienes eligen a su presidente, no los periodistas ni los políticos. A no ser, claro está, que todo el proceso no sea más que una farsa donde los flamantes miembros del Consejo no pintan nada, pues se contentarán con vestir mediante su inútil voto lo que ya apañaron otros, los que mandan de verdad. En el mundo anglosajón hay una expresión muy gráfica para definir esta situación: “rubber stamp”; o sea, el sello de goma que se aplica con fines meramente decorativos a las resoluciones del poder auténtico. Por ejemplo, el Soviet Supremo estampaba lo que ya habían acordado entre pasillos los prebostes del partido comunista.

Compañeros, ¿aguantaréis que os ninguneen con tanto descaro?

Confío en que no. Quiero creer que no. Lo deseo desesperadamente, porque vuestra dignidad también es la mía. Si vosotros os plegáis, el pueblo español creerá que somos todos y cada uno de los jueces los que nos hemos humillado ante el poder. Demostrad, por favor, que sois algo más que políticos-togados, que sabéis hacer algo más que poner un sello.

En otro caso, ni siquiera una losa de 1.500 kilogramos servirá para tapar el hedor del cadáver de nuestro caído gobierno judicial.

Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado.

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Fuente: Diario Jurídico