El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero. El proyecto establece un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador se desarrolle de forma eficaz y segura para los usuarios.

El Anteproyecto de Ley es un impulso definitivo para avanzar en los últimos trámites administrativos y cumplir con el compromiso que adquirió el Gobierno de apoyar la implantación del sandbox, que supone la creación de un espacio controlado de pruebas.

Las medidas incluidas tienen como objetivo garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos óptimos para seguir cumpliendo con sus funciones de supervisión y regulación en el nuevo contexto digital, así como facilitar que el proceso innovador contribuya a lograr un mejor acceso a la financiación de los sectores productivos, unos servicios financieros más eficientes y una mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo.

Esta iniciativa responde a la convicción de que la transformación digital de la economía es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos, garantizando que los cambios se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general.

España se suma así a los países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

Principales medidas

Entre las medidas que se incluyen en el anteproyecto, destaca la creación de un sandbox. Se establece un entorno seguro en el que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero antes de su comercialización, bajo estricto seguimiento de los supervisores y con máximas garantías para los participantes. Se concibe principalmente como un instrumento que facilitará la adaptación al proceso de transformación digital tanto de los actores públicos, como de los privados. En particular será un instrumento para mejorar la supervisión y también para acompasar la legislación financiera con la transformación digital.

En cuanto al régimen de acceso, se establece un sistema de ventanilla única para la presentación de proyectos por parte de empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación u otros promotores interesados. Los proyectos que se presenten deberán encontrarse suficientemente avanzados y demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.

La propuesta normativa incluye otras medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, que garantice que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando la igualdad de trato a todas las entidades.Se impulsa la comunicación ágil con las autoridades y la seguridad jurídica, a través de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades financieras y un mecanismo de consulta sobre dudas en la aplicación de la legislación.

El texto normativo establece un sistema de rendición de cuentas, mediante el envío de un informe anual a las Cortes Generales sobre la transformación digital del sistema financiero. Este informe no solo hará posible comunicar las actuaciones de las distintas autoridades en la materia, incrementando así la transparencia, sino que será una valiosa fuente de información para la actualización permanente de la legislación a la luz de la incidencia de los nuevos desarrollos. También se prevé un informe anual sobre la aplicación de nuevas tecnologías a la propia función supervisora.

Finalmente, se aumentan los mecanismos de cooperación internacional de España en la materia, contemplándose la posibilidad de establecer convenios entre autoridades de distintas jurisdicciones para utilizar en común los mecanismos que la ley prevé.

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Fuente: Diario Jurídico