La bajada de línea se dio por parte de la Corte Suprema de Justicia. La misma se pronunció al conceder una acción de tutela a una mujer golpeada, en medio de un enfrentamiento con su ex esposo.

La mujer solicitó tal medida de protección por violencia intrafamiliar para ella y para sus hijos, ante la violencia verbal, daño psíquico, agravio, ofensa, trato cruel e intimidatorio y degradante que recibían del padre de estos. Sin embargo, en primera instancia, la jueza de familia, demoró la protección solicitada al cuestionar la situación porque las agresiones fueron mutuas en el marco de una discusión.

La juez no tuvo en cuenta el criterio de género de violencia contra la mujer, desconociendo los precedentes constitucionales que le imponen al juzgador la obligación de considerarlos en este tipo de providencias, que no efectuó una valoración de las pruebas en conjunto sino que solo tomó aisladamente la versión de ella y la de su ex esposo, inclusive llegando a otorgarle una medida de protección al hombre sin haberla siquiera solicitado.

En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los funcionarios del Poder Judicial del país para que juzguen con perspectiva de género en los casos de violencia intrafamiliar y agresiones entre parejas. Explica, que la necesidad no surge de aplicar la justicia con rostro de mujer o rostro de hombre, sino con rostro humano.

Ya la Sala de Casación Civil, al recibir la mentada causa, definió qué significa esto de juzgar con perspectiva de género: “Juzgar con ‘perspectiva de género’ es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niño, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro.”

A juicio del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, juzgar con perspectiva de género es, tener consciencia de que ante el reconocimiento de una situación diferencial, por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual, dando como ejemplo lo que ocurre con la situación de la mujer en los eventos de violencia entre parejas de casados o compañeros permanentes.

En esos casos, pesa sobre el funcionario judicial el deber de aplicar el derecho a la igualdad en sus decisiones e introducir ese enfoque diferencial para disminuir la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles.

La necesidad jurídica actual compromete a los sujetos intervinientes en la actividad judicial a romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre–mujer que, en principio, son roles de desigualdad.

Para la Sala, es muy común encontrar problemas de asimetría y de desigualdad de género en las sentencias judiciales. Por ello, afirma que no se puede dejar de lado que una sociedad democrática exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, exige investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias de conformidad no solo a la Constitución sino también a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

Fuente: República de Colombia – Corte Suprema de Justicia

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